LA MINISTRA Y EL CINE, SEGÚN JUAN DIEGO CAICEDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

 

A propósito de las innumerables y muy pertinentes preguntas que Usted ha tenido a bien formularle a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, y de la muy contundente exposición del arquitecto Germán Téllez acerca de lo que desde el campo del patrimonio arquitectónico puede objetársele a una gestión tan desafortunada, quiero expresar también algunas reflexiones y preguntas relativas al cine nacional, terreno en el cual esta Ministra se ha lucido, así como sus antecesoras (ojalá entendiéramos bien todos los interesados que estas políticas han sido las mismas del Estado colombiano de tiempo atrás, las de muchos gobiernos y no uno solo), de una manera semejante a todo lo que ustedes dos han afirmado tan categórica y oportunamente.

 

Desde la aprobación de la primera Ley del Cine (ahora hay dos recientes), en el año 2002, se han venido organizando unas mal llamadas "convocatorias" para la producción cinematográfica, en varias modalidades, por parte del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, constituido por dicha Ley para ser administrado por Proimágenes en Movimiento, engendro burocrático constituido por nuestro primer Ministro de Cultura, Ramiro Osorio, nombrado durante el muy dudoso éticamente gobierno de Ernesto Samper, buen amigo de la Ministra, como Usted se lo acaba de recordar al país, y el señor Felipe Aljure, entonces Director de Cinematografía de MinCultura, hoy al servicio del canal RCN como presunto "descubridor de talentos" y ganador en dos ocasiones en tales "convocatorias"; engendro constituido fundamentalmente para favorecer los intereses de una persona, la doctora Claudia Triana de Vargas, emparentada políticamente con otra de nuestra joyas de la política, el doctor Andrés Pastrana Arango, serio rival de Samper en lo referente a ética política.

 

Han abundado en las "convocatorias", los casos de evidentes favoritismos, faltas de seriedad y, lo que es más grave, el apoyo a muchas películas de la peor calidad, inspiradas en la teoría de RCN y Caracol en el sentido de que "todos los colombianos somos narcotraficantes, somos así, y ¿qué?", o ladrones, contrabandistas y pícaros vivarachos; producciones del más ínfimo valor artístico y moral en las que más de una vez personas vinculadas a esos canales, no solamente el maestro Aljure, se han visto favorecidas con los estímulos económicos emanados de una Ley, siguiendo una teoría más, la de otro flamante maestro del cine, Harold Trompetero, cuya evolución artística va de bodrio a mayor bodrio -por supuesto, persona que no pasa por ser indiferente a los jurados que dan los guiños en las "convocatorias"-, en el sentido de que el Estado debe impulsar solamente los proyectos así concebidos y el dinero para los que no lo son debe ser buscado por sus productores y realizadores en el exterior. Conviene añadir que el maestro Trompetero ha sido socio de un maestro más (para los funcionarios de la cultura, ellos dos y otras ilustres personalidades semejantes constituyen la pléyade de nuestros artistas del cine), Dagoberto García (no le digo Dago, porque por fortuna no soy su amigo y sólo a amigos o personas de confianza se les dirige la palabra con diminutivos), la persona que más películas ha hecho en Colombia durante los últimos años. Aun cuando él no ha obtenido los recursos solamente de las "convocatorias", representa claramente los intereses de Caracol, donde ha tenido o tiene todavía un cargo directivo, y Cine Colombia, las dos empresas pertenecientes al Grupo Valorem, antiguo Bavaria o Santodomingo, el mismo que según se dice (¿será fácil o difícil comprobarlo?) hizo sustanciales aportes a la campaña de Gustavo Petro para la Alcaldía de Bogotá, uno de cuyos más inmediatos colaboradores acaba de renunciar a su cargo de Jefe de Comunicaciones, el poeta Daniel Winograd, quien fuera por muchos años el alma de Caracol TV y quien también ha figurado en la planta administrativa y gerencial de El Espectador, propiedad del mismo grupo.

 

Los proyectos de las "convocatorias" se han repartido muchas veces entre jurados de origen nacional ni idóneos ni habilitados éticamente: poetas, directores teatrales, diseñadores gráficos, periodistas, sociólogos, reseñadores (otra cosa es hacer crítica); directores de cine, veteranos o jóvenes, que nunca han hecho una película medianamente decente, y hasta representantes de las casas distribuidoras o exhibidoras, quienes también tienen voz y voto en el flamante CNACC, consejo de bolsillo de la Ministra y doña Claudia, quien siendo dizque sólo la Secretaria Técnica del mismo, propone las listas de jurados para que sean votadas por los demás miembros del CNACC y finalmente es quien le da el tono y los mecanismos a las "convocatorias" como su máxima autoridad, según he sabido por boca tanto de funcionarios de Mincultura como de algunos antiguos integrantes del CNACC.

 

A ellos se han sumado otros jurados internacionales, a veces incluso precedidos por una muy buena hoja de vida, pero que no leen ni tienen acceso a todos los proyectos, por cuanto la repartición de estos para su valoración se hace de manera arbitraria, conociendo parte de los jurados solamente unos proyectos y la otra parte los demás, viéndose privados así los concursantes de un verdadero procedimiento democrático en la selección y calificación. Esto quedó claro, por ejemplo, en testimonios escuchados durante las Jornadas de Cine Colombiano, cuya dinámica presidí hace dos años en un evento auspiciado por las universidades Nacional, Central y Javeriana.

 

La Ley en cuestión favorece ante todo los intereses de Cine Colombia y los exhibidores en general, quienes se ven beneficiados con una multimillonaria exención de impuestos, simplemente por el hecho de presentar cortometrajes nacionales en los que hay de todo menos calidad, los cuales adquieren ellos muchas veces sin ningún costo, evitando el pago a productores y realizadores, o producen ellos mismos según el mero acicate financiero de invertir lo mínimo para ganar lo máximo, aprovechando la Ley, cosa que viene sucediendo en el país desde los remotos años setenta, cuando se instituyó el llamado sobreprecio para "estimular" la industria cinematográfica.

 

La segunda Ley reciente del cine, la aprobada el año pasado en el Congreso, se ha destinado única y exclusivamente a eximir también de impuestos y otorgar estímulos en efectivo a productores extranjeros que vengan a disfrutar en filmaciones y grabaciones de las delicias del paisaje colombiano y la mano de obra barata de nuestro paraíso fiscal, privilegios no tan fáciles de encontrar en el mundo.
 

Todos estos procedimientos han sido reafirmados y promovidos por la Ministra Garcés. El Ministerio a su cargo no hace nada para fomentar la cultura en el caso del cine; han ido desapareciendo lentamente los cine clubes, muy odiados y perseguidos por ella y sus inmediatas colaboradoras, escenarios de gran importancia por lo que ha sido su aporte al pensamiento y la actividad creativa en el quehacer fílmico a lo largo de los años, tanto en Colombia como en el exterior. El Ministerio ni tiene ningún criterio para la construcción de una cinematografía nacional ni permite la crítica o la reflexión al respecto: una muy reducida colaboración con aquellas Jornadas se tradujo luego en la firme negativa a respaldarlas de algún modo, pues se quería hacerlas anualmente; en las primeras, las del 2011, la participación de los funcionarios del mismo se redujo a hablar sólo de taquilla, del porcentaje de recaudación comercial de las películas nacionales, la única preocupación de la señora Ministra en sus declaraciones al respecto.

 

Tampoco Marina Garcés ni sus antecesoras en el cargo le han pedido cuentas nunca a Proimágenes, cuya junta directiva han presidido y presiden. ¿Cuánto le cuestan a esta entidad, sostenida con dineros de la Ley, los permanentes viajes de su directora al extranjero y en qué medida se beneficia realmente con estos el cine nacional? ¿Por qué esa persona, la doctora Claudia, lleva más de diez años en el cargo, impidiendo de manera totalmente antidemocrática un cambio de miras y políticas en ese sentido? ¿Cuánto cuesta en general la nómina de Proimágenes, en la que hay funcionarios que nada entienden de cine, pero sí obstaculizan y frenan cualquier posibilidad de cambio más allá de las meras consideraciones burocráticas? ¿Es cierto que Proimágenes ha firmado contratos con el señor Aljure y otros amigos de la citada doctora, cuyas contribuciones al cine resultarían bastante dudosas? ¿Qué pasó con los dineros de formación de públicos que se le entregaron hace unos años al doctor Jorge Mario Durán, director de la agrupación Kayman de "salas alternas", por recomendación de Fedesarrollo (¿?), y que nunca generaron informes claros y definidos sobre actividades concretas? ¿Por qué en el Ministerio y Proimágenes se cree más en el concepto de "sala de arte" de los exhibidores comerciales que en el de las personas realmente entendidas, como ha quedado demostrado en diferentes ocasiones?
 

Finalmente, conviene hacerse unas preguntas un poco más abarcadoras y compendiadoras de las que tan certeramente expone el muy respetado por mí arquitecto Téllez, en torno al tan necesario debate acerca de la política cultural en el país. El Ministerio de Cultura tiene como prelación supuestamente el impulsar la producción cultural en las "regiones": ¿Esto significa en la práctica favorecer a los amigos y familiares de las ministras de turno en su respectiva región, nada más? Y, por otra parte, ¿no hay nada de cierta altura que unifique a la nación en términos culturales, siendo estas manifestaciones las menos tenidas en cuenta por el Ministerio, donde las preferencias se destinan a lo más mediocre, limitado e iletrado de las expresiones "regionales"?

 

Los grandes responsables de ello no son únicamente funcionarios públicos. ¿Por qué algunos columnistas de El Espectador, diario que alberga al parecer a una serie de eminencias de primer orden en la cultura colombiana, habitualmente tan críticos y "comprometidas socialmente" (¿?), jamás tocan los puntos álgidos de este debate que están generando tanto Usted como el arquitecto Téllez? ¿Es que les conviene la política cultural del Estado colombiano? ¿Por qué realizadores también "muy comprometidos socialmente" ganan fácilmente en las "convocatorias" del cine? ¿Cuáles son las raíces de esa demagogia y ese populismo de un Estado que, mientras le lame los pies a los representantes de los grandes conglomerados financieros, propugna dizque por una cultura popular, social e incluso aparentemente revolucionaria e "innovadora"? ¿Qué perversa y extraña alianza parece darse entre estos conglomerados y el Estado "social de derecho" para llevar la cultura de un país a la condición más baja, ruin y desastrosa que se haya visto nunca en la Historia? ¿Por qué nuestros intelectuales del cine y nuestros intelectuales en general son tan complacientes con tal estado de cosas, simulando ser muy críticos "socialmente" (hablan pestes, por ejemplo, del ex presidente Uribe, pasando por alto el hecho de que la política cultural de este paisa atrabiliario y bárbaro favoreció igualmente a los mismos a los que favorece ahora el combo Santos-Garcés-Cine Colombia-Caracol-"crítica social"), cuando con su silencio cómplice y su lagartería se ponen al servicio de oscuros intereses?

 

Que el debate continúe, poeta Alvarado, se haga cada vez más público e intenso. Se trata de una necesidad urgente e inaplazable para el presente y futuro del país. Y si hay que ir a la cárcel por decir la verdad, ya somos entonces varios los candidatos: Carlos Palau, la columnista Mera, el arquitecto Téllez, Usted y yo.

 


Atentamente,

JUAN DIEGO CAICEDO GONZÁLEZ
juandcg@hotmail.com
Realizador Cinematográfico y Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia

 

 

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