Estatua en honor al héroe de la nueva guerra

 

 

THE FARC-SANTOS MERRY CHRISMAS

 

Como una momia apenas preparada, con la badana macilenta, empolvada y los párpados obscurecidos por la vigilia de la muerte; con la cavidad bucal vacía que deja ver el carcamal del maxilar inferior descosido como un surco de rocas después de un sismo, Juan Manuel Santos, afectado por la metástasis, apareció la otra noche desde el fondo de la insania para anunciar que la entrega de cincuenta millones de seres humanos a las garras y fauces de ciento cincuenta supermillonarios asesinos, está cerca, en un momento que el peso se hunde en la mayor devaluación de su historia tras del rublo y el bolívar y las exportaciones caen tan vertiginosamente como la bolsa.

 

Horror de horrores, el buey y el asno del pesebre dejaron de calentar el aturdido cuerpo del niño, y los pastores, los ángeles y querubines que venían a celebrar el nacimiento del Mesías huyeron confundidos con el anuncio que una inquisición, fundada por los criminales, empezará a ordenar las capturas de los acusados, a quienes suspenderán la lengua y la inconformidad en representación de estos monstruos, nacidos de la derrota de sus maestros, los Carteles de Cali, Medellin y el Norte del Valle.

 

Porque de eso se trata. De borrar, con un antojadizo odio de clase y familia todo el esfuerzo que un titán, bisnieto de Juan Daza y Gaspar Rodas, disidente de la aristocracia lanuda, entregó a un cicatero, empujado a la ignominia por otro, que sumido en las incertidumbres de la vejez, los alcaloides y la lubricidad, desea ver sus pares de clase padecer las angustias y desgracias de Venezuela y Cuba. Y que ha dilapidado más de DOS BILLONES de pesos del fisco untando de mermelada, directa o indirectamente, a los periodistas y opinadores de Caracol, El Tiempo, El Espectador y Semana a favor de la “paz”, obteniendo un pírrico apoyo para sí mismo del 34% y para su confirmación en el falso plebiscito de un 13.

 

Según Human Rights Watch [HRW] el acuerdo del 15 de diciembre entre los apátridas negociadores del gobierno y las FARC [representada por asesinos como alias Carlos Antonio Lozada (1960), Gentil Duarte, Iván Marquez (1955), Jesus Santrich (1967), Joaquín Gómez (1947), Leonel Paz, Lucas Carvajal, Marcos Calarcá (1957), Matías Aldecoa, Pablo Catatumbo (1953), Pastor Alape (1959), Rodrigo Granda (1950) y Victoria Sandino], prevé la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz”, con un tribunal que “aplicará” un régimen de sanciones que NO reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque la práctica y los estatutos de los tribunales penales internacionales muestran que este principio exige penas de prisión—privativas de la libertad— para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 

El acuerdo estipula que los responsables que confiesen atrocidades quedarán no solo eximidos de prisión o cárcel, sino también de cualquier “medida de aseguramiento equivalente”. En cambio, quedarán sujetos a “sanciones” que tendrán una “función restaurativa y reparadora”—en lugar de punitiva— y que consistirán en llevar a cabo “proyectos” para asistir a las víctimas del conflicto. Las únicas “restricciones de libertades y derechos” que enfrentarán los responsables que hayan confesado sus crímenes serán las “necesarias para [la] ejecución” de estas sanciones restaurativas y reparadoras. Los asesinos y secuestradores que hayan confesado deberán residir en los lugares donde serán ejecutadas las sanciones, y permite la posibilidad de realizar desplazamientos “que no sean compatibles con el cumplimiento de la sanción”, de cinco a ocho años e incluso más breve, solo si han tenido una “participación determinante” en las “conductas más graves y representativas”. Sin embargo, el acuerdo no especifica ninguna consecuencia para quienes, habiendo confesado delitos incumplan las sanciones, lo cual deja abierta la posibilidad de que puedan continuar gozando de los beneficios de la jurisdicción especial incluso si no respetan las condiciones impuestas por el Tribunal. También el acuerdo indica de manera categórica que quienes reconozcan sus crímenes NO quedarán sujetos a ningún tipo de restricciones a sus derechos políticos, incluido el derecho a participar en política, cuando en cualquier cabeza con cinco sentidos ningún asesino y narcotraficante que cumpla una pena por un crimen de guerra, de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos puede postularse para un cargo público ni desempeñarlo. Y para colmo de los colmos el acuerdo no indica quién y cómo van a elegir los jueces del Tribunal Especial para la Paz y sólo estipula que las FARC y el gobierno establecerán mecanismos y criterios de selección “de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final”. Falta de garantías muy grave considerando la gravedad de los delitos sobre los cuales tiene competencia y las obligaciones de justicia frente a las víctimas.

 

Porque como piensa y comenta en privado Pater Sergio Jaramillo Caro, [“Su trabajo se centró en la denuncia de los falsos positivos dentro del Ejército, promoviendo que la Fiscalía asumiera las investigaciones por homicidios y que se excluyera a la justicia militar, y fue clave en la posterior expulsión de 27 altos oficiales del Ejército”] –el decano y más astuto refractario que han tenido las fuerzas armadas dentro del Ministerio de la Defensa, bichozno de José Eusebio y chozno de Miguel Antonio–, con el proceso de paz “no sólo vamos a favorecer a unos ciento cincuenta insurgentes sino que más de veinte mil obedientes de la policía y el ejército tendrán que acusar a la línea de mando”. Sin contar lo que las FARC llama estructuras para militares, y otros, narco paramilitares, que dicen estar en 24 departamentos con unos 5000 integrantes, los Doppelgänger de los reales 8000 guerrilleros activos y armados de las FARC.

 

Una de las grandes falacias históricas que han servido de caldo de cultivo de las concesiones del gobierno de Santos a las FARC es la narrativa de que el Estado y sus representantes son los autores del exterminio del partido político armado de las FARC llamado UP. Como lo ha expuesto con lujo de detalles Fabio Castillo en Los jinetes de la cocaína, y Stephen Dudley en Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia, ese exterminio tuvo como origen el incumplimiento por parte de las FARC de los acuerdos que para operar en las regiones controladas por la guerrilla había hecho Gonzalo Rodriguez Gacha, quien les pagaba hasta un 15% sobre el valor de la coca y en diciembre de 1983 miembros del Frente 1 Armando Rios, con mil hombres al mando del Negro Acacio saquearon uno de los laboratorios del Vaupés y se llevaron medio millón de dólares en coca y quince rifles; luego atacaron Tranquilandia y secuestraron dieciséis personas que liberaron a cambio de seiscientos kilos de coca, veinticinco millones de pesos y grandes cantidades de éter y acetona, desencadenando un guerra cuyo blanco fue la Union Patriótica. Para fines de 1986 El Mexicano había asesinado a unos trescientos de ellos, tanto como para que Alvaro Salazar del directorio de la UP se reuniera con Rodriguez Gacha a fin de parar la masacre. El Mexicano se sostuvo en que las FARC no hacían otra cosa que robarlo, que le había quitado tres cocinas avaluadas en tres millones de dólares, que le robaban la coca, le retenían los empleados y le robaban la plata. Salazar le dijo entonces a Jacobo Arenas que lo único que pedía El Mexicano era que lo dejaran trabajar, y este le respondió que no negociaba con bandidos y con narcos, a lo cual Alfonso Cano, que estaba presente, le advirtió a Morantes que había que pactar porque si no Rodriguez Gacha le aliaba con el ejército y la policía y los jodía. Así fue como en el Magdalena Medio El Mexicano y sus aliados mataron más de 2800 integrantes de la UP. Algo iba de Morantes a Cano, abismo que ya no existe porque en las FARC de la mesa de La Habana todos son como El Mexicano: narcos puros.

 

¿De donde habrá sacado Enrique Santos Calderón la peregrina idea de que cincuenta millones de colombianos deben someterse a la voluntad de ciento cincuenta asesinos multimillonarios? La única manera de explicarlo es que la vejez y las supersticiones le han llevado a concluir que, habiendo muerto su padre a los ochenta y cuatro y su madre a los cincuenta seis, el promedio de vida que le ofrece el futuro son apenas los setenta que acaba de cumplir, y debe, por tanto apresurar la copa del odio contra Colombia y hundirla en el caos y el horror de nos deparará un gobierno de los facciosos de las FARC. A Juan Manuel las cábalas le dan seis años más, pero a Enriquito sólo le ofrecen la incertidumbre.

 

¿Por qué, como admitir, y perdonar, a unos asesinos como Pablo Catatumbo, que ha secuestrado miles de ancianos en jaulas de hierro y zulos inmundos, o al médico de los ochocientos abortos y los cuerpos de sus víctimas usadas en clases de anatomía en los campamentos farcsianos, o a esa niña de 16, Valentina, que estando embarazada y no aceptando malograr, negoce a caminar largos trechos y hacer duras tareas, y supo, un día de noviembre, que por no estar en la lista de tareas del campamento le iban a dar muerte?

 

Tenéis que estar muy locos, Juan Manuel, Enriquito, para hacer lo que hacéis y pedir que perdonemos a esa tracamanada de monstros.

 

Publicado el 26 diciembre, 2015

 

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